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La cobranza de deudas en el Perú está regulada por un conjunto de normas que buscan equilibrar el derecho de los acreedores a recuperar su dinero con la protección de los deudores frente a prácticas abusivas. En 2026, este marco regulatorio ha madurado significativamente, incorporando disposiciones específicas para la cobranza digital y las tecnologías de automatización.
Para las fintechs y empresas financieras que operan en Perú, conocer y cumplir estas regulaciones no es opcional: las infracciones pueden resultar en multas significativas del regulador, daño reputacional y, en casos graves, suspensión de operaciones. Al mismo tiempo, la regulación también protege a las empresas que hacen las cosas bien, creando barreras de entrada para operadores de menor calidad.
Esta ley establece el marco general para las relaciones entre empresas y consumidores, incluyendo disposiciones específicas sobre cobranza de deudas. Los artículos más relevantes para la gestión de cobranza establecen:
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha emitido regulaciones específicas para las entidades supervisadas. La Resolución SBS y normas complementarias establecen requisitos sobre:
Esta ley es especialmente relevante para la cobranza automatizada y la cobranza con IA, ya que determina cómo pueden usarse los datos personales de los deudores. Los puntos clave para la gestión de cobranza digital:

En 2026, el regulador peruano ha consolidado su posición sobre las comunicaciones digitales en cobranza. Los requisitos principales son:
El uso de voice agents en cobranza es legal en Perú siempre que se cumplan ciertos requisitos:
La regulación peruana exige que las entidades que realizan gestión de cobranza mantengan registros detallados de todas sus actividades. Esto incluye:
Los sistemas de software de cobranza modernos generan automáticamente esta documentación, facilitando el cumplimiento regulatorio y reduciendo el riesgo de sanciones.

Más allá del cumplimiento mínimo de la regulación, las empresas de cobranza más exitosas en Perú han adoptado estándares de buenas prácticas que van más allá de lo requerido:
El marco regulatorio de la cobranza digital en Perú continúa evolucionando. Las tendencias más relevantes incluyen:
Las autoridades están prestando mayor atención a que los consumidores hayan dado consentimiento real para ser contactados por determinados canales y frecuencias. Las fintechs deben revisar sus flujos de onboarding para asegurar que este consentimiento esté debidamente documentado.
Las tendencias regulatorias apuntan a mayor control del consumidor sobre sus datos financieros, lo que puede impactar cómo se comparte información de deuda entre entidades y empresas de cobranza.
A nivel regional, están avanzando marcos regulatorios para el uso de IA en servicios financieros que incluirán principios de explicabilidad, no discriminación y supervisión humana de las decisiones automatizadas.
Para las fintechs que quieren aprovechar la automatización de cobranza mientras cumplen con la normativa peruana, los pasos fundamentales son:
Las empresas que abordan el compliance regulatorio como una inversión y no como un costo tienen una ventaja competitiva real en el mercado peruano. La reputación de tratar a los deudores con respeto y transparencia atrae mejores clientes, facilita el acceso a capital y reduce el riesgo de sanciones regulatorias.
La cobranza con IA bien implementada no solo es más efectiva; es más fácil de hacer compliant que los procesos manuales, porque los parámetros se configuran una vez y se aplican consistentemente en millones de interacciones.
La regulación y las buenas prácticas establecen que las gestiones de cobro deben realizarse en horario razonable, generalmente interpretado como de 7:00 a 21:00 horas en días hábiles. Para días feriados y fines de semana, las restricciones son más estrictas.
La regulación peruana no establece un número exacto pero prohíbe el hostigamiento. Las buenas prácticas de la industria sugieren no más de 3 intentos de contacto por día por canal, y los sistemas de cobranza automatizada deben respetar estos límites.
Sí, siempre que cumplan con los requisitos de identificación, registro de interacciones y opciones de contacto humano.
La solicitud debe ser respetada y registrada. El deudor puede solicitar no ser contactado por determinados canales, aunque el acreedor mantiene el derecho de continuar la gestión de cobro por vías legales.
Las obligaciones de la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Protección de Datos aplican a todas las empresas, independientemente de si están supervisadas por la SBS. Las regulaciones específicas de la SBS aplican solo a las entidades supervisadas.
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