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Guía completa sobre la Ley 24.240 y las normativas que regulan la cobranza digital en Argentina, incluyendo obligaciones para empresas financieras y fintech.
Mar 17, 2026 10 min read
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Argentina tiene uno de los marcos regulatorios de protección al consumidor más activos de América Latina. Para las empresas financieras, fintech y agencias de cobranza que operan en el país, conocer estas normativas no es opcional: el incumplimiento puede resultar en sanciones severas, demandas colectivas y daño reputacional significativo.
La gestión de cobranza en Argentina debe navegar un conjunto de leyes y regulaciones que se superponen y complementan. Desde la Ley de Defensa del Consumidor hasta las circulares del Banco Central, cada instrumento impone obligaciones específicas sobre cómo, cuándo y de qué manera se puede contactar a un deudor.
En este artículo analizamos el marco regulatorio vigente y cómo la cobranza automatizada puede contribuir al cumplimiento sistemático de estas normas, con plataformas como Kleva diseñadas específicamente para operar dentro de los marcos legales de cada país de LATAM.
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) es la norma madre del sistema de protección en Argentina. Aunque no fue diseñada exclusivamente para la cobranza, sus principios y prohibiciones aplican de lleno a las prácticas de recuperación de deuda.
La LDC establece que toda práctica comercial debe respetar la dignidad del consumidor y abstenerse de métodos que generen hostigamiento o intimidación. En cobranza, esto se traduce en:
El artículo 36 de la LDC, aplicable a operaciones de crédito, establece requisitos de transparencia en la información que deben recibir los deudores. Las empresas que realizan cobranza digital deben asegurarse de que cada comunicación incluya información clara y completa sobre el monto reclamado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene facultades regulatorias sobre todas las entidades financieras del sistema bancario. Sus comunicaciones y circulares establecen estándares específicos para la gestión de cobranza en entidades reguladas:
El BCRA ha emitido disposiciones que regulan el uso de canales digitales para la gestión de deudores. Entre los puntos más relevantes:
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP) es fundamental para cualquier operación de cobranza automatizada en Argentina. Esta ley regula el tratamiento de los datos personales de los deudores y establece restricciones importantes:
La inscripción de un deudor en bases de datos de morosos (como Veraz/Equifax Argentina) está sujeta a reglas específicas bajo la LPDP. El incumplimiento en la notificación previa o en la baja oportuna del registro puede derivar en acciones legales del deudor.
Esta ley creó el sistema de Auditoría en las Relaciones de Consumo (ARACNCEL) y la Justicia de las Relaciones de Consumo, proporcionando vías ágiles para que los consumidores reclamen contra prácticas abusivas de cobranza. Para las empresas financieras, esto significa que un deudor puede obtener resolución rápida de conflictos a bajo costo, lo que refuerza la importancia del cumplimiento preventivo.
Más allá de las leyes generales, la práctica regulatoria y jurisprudencial argentina ha consolidado una lista de prácticas específicamente prohibidas en la cobranza digital:
En Argentina, las Defensorías del Pueblo (nacional y provinciales) y asociaciones de consumidores como Consumidores Argentinos o ADELCO tienen legitimación activa para iniciar acciones colectivas contra empresas que practiquen cobranza abusiva. Esto amplifica significativamente el riesgo legal de las malas prácticas: un solo patrón de conducta puede derivar en una acción que afecte a miles de consumidores simultáneamente.
Las fintech que operan en Argentina bajo diversas figuras (proveedores de servicios de pago, plataformas de crowdfunding, etc.) deben cumplir tanto con la Ley de Defensa del Consumidor como con las regulaciones específicas de sus organismos de supervisión. La CNV y el BCRA han emitido disposiciones que refuerzan los requisitos de transparencia y trato justo al consumidor financiero digital.
La IA para cobranza ofrece ventajas únicas para el cumplimiento regulatorio en el contexto argentino:
Los voice agents de Kleva tienen programadas las restricciones horarias argentinas. Nunca realizan llamadas fuera del horario permitido ni superan los límites de frecuencia de contacto, eliminando uno de los principales vectores de reclamos.
Cada gestión queda registrada con timestamp, contenido y resultado. Ante una denuncia ante la Defensa del Consumidor o una intimación del BCRA, la empresa puede demostrar exactamente qué se dijo, cuándo y cómo se manejó la comunicación.
Los voice agents siempre informan el monto exacto de la deuda, su composición y las opciones disponibles, cumpliendo con el requisito de transparencia de la LDC. La variabilidad humana en la transmisión de esta información es eliminada.
El dashboard de analytics de Kleva permite monitorear en tiempo real indicadores de cumplimiento: intentos de contacto por deudor, distribución horaria de las gestiones y tasa de aceptación de acuerdos. La plataforma gestiona más de 900,000 minutos mensuales de conversaciones de cobranza con un 94% de resolución en la primera llamada.
El marco regulatorio argentino de cobranza digital es exigente, pero no es enemigo de la eficiencia. Las empresas que adoptan sistemas de cobranza inteligente que incorporan el cumplimiento regulatorio como parte de su arquitectura logran lo mejor de ambos mundos: alta tasa de recuperación y pleno respeto de los derechos del consumidor.
Kleva ha recuperado más de $5M en deuda para empresas de LATAM con una tasa de éxito del 73%, operando siempre dentro de los marcos legales de cada país. Su software de cobranza está diseñado para adaptarse a los requisitos regulatorios específicos de Argentina, Chile, México y el resto de la región.
Si tu empresa financiera o fintech opera en Argentina y necesita escalar su recuperación de deuda LATAM de manera sostenible y legalmente sólida, Kleva es la solución.
La Ley 24.240 prohíbe prácticas de cobranza que sean abusivas, intimidatorias o que generen hostigamiento. También exige transparencia en la información sobre la deuda y prohíbe el cobro de cargos no pactados contractualmente.
Las llamadas de cobranza están permitidas únicamente en días hábiles entre las 09:00 y las 20:00 horas. No está permitido llamar durante los fines de semana ni feriados nacionales.
No. La Ley 25.326 prohíbe la cesión de datos personales a terceros sin el consentimiento expreso del titular. Las empresas de cobranza que violan esta norma pueden ser sancionadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Las consecuencias incluyen multas administrativas, daño punitivo en sede judicial, acciones colectivas por parte de asociaciones de consumidores y posibles medidas cautelares para cesar las prácticas abusivas.
Adoptando una plataforma de cobranza que incorpore los controles regulatorios de forma automática: restricciones horarias, registro de gestiones, guiones validados y cálculo de cargos permitidos. Soluciones como Kleva están diseñadas para este propósito.
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